Por Horacio Calderón
El presente ensayo pretende ajustarse —con estricto rigor académico— a la situación actual de los “cárteles” mexicanos, como centro de irradiación del narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado en gran parte del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de América. Incluye asimismo, la “corresponsabilidad” estadounidense en el incremento de la violencia en México, ya públicamente asumida por la Secretario de Estado Hillary Clinton durante la reciente visita realizada a este país.
Este trabajo está especialmente dedicado a colegas analistas, periodistas dedicados al estudio de actividades criminales vinculadas al narcotráfico —use este o no la táctica terrorista—; a estudiantes universitarios y de post—grado, y a personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
El alto grado de violencia narcoterrorista que se observa actualmente en México y se irradia peligrosamente hacia el exterior, es solamente la faceta más visible y dramática del desafío planteado a la seguridad de todo el continente. Los a veces mal llamados “cárteles” en este país y las organizaciones vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, han logrado enraizarse profundamente en todas las instituciones del Estado y de la misma sociedad mexicana en general, merced al alto grado de corrupción imperante, y que el presidente Felipe Calderón trata denodadamente de combatir.
La extrema violencia desatada en México tiene carácter multipartito y multidimensional, y las miles de personas que han perdido la vida solamente en el período del año 2008 y lo que ha transcurrido de 2009, constituyen el saldo luctuoso de la guerra que se desarrolla entre los “cárteles” del narcotráfico y entre estos y la Administració n Calderón. Se suma a ello una importante cantidad de víctimas de otras actividades criminales, como el secuestro extorsivo seguido de muerte. También, aquellas que perdieron la vida solamente por encontrarse en medio de enfrentamientos callejeros entre bandas, asaltos a mano armada e intercambio de disparos entre delincuentes y fuerzas del orden.
Los casos contemplados en el estudio y los países que este abarca, tienen como objeto identificar y analizar las actividades delictivas de las organizaciones narcoterroristas mexicanas, en la casi totalidad de países del continente. Asimismo, haciendo hincapié, país por país, en los diversos factores, como la corrupción, que facilitan el desarrollo de las actividades del narcotráfico.
Finalmente, se aborda el “modelo argentino”, representado por un país que desde hace décadas ha logrado constituir una red criminosa autóctona, interrelacionada con funcionarios y servidores públicos corruptos pertenecientes a los tres poderes del Estado.
Por razones metodológicas, debe insistirse en que el presente ensayo está circunscripto exclusivamente a la narcocriminalidad mexicana y a su relación con los actores estatales y no estatales que se mencionan a continuación, haciendo coincidir su publicación con las vísperas de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Trinidad—Tobago el próximo viernes 17 de abril de 2009.
El narcoterrorismo en México
México es en la actualidad el país que registra el mayor tránsito de drogas ilícitas que ingresan a los EE.UU. Actualmente, el 90 por ciento de la cocaína que se consume internamente en el mercado estadounidense transita por corredores mexicanos. EE.UU. considera también oficialmente que México es una fuente mayor de suministro de heroína, metanfetamina y marihuana, como también un punto primario de colocación de dinero para el lavado de la recaudación criminal derivada de narcóticos.
El lector encontrará a lo largo de todo este escrito la palabra “narcoterrorismo”, asociada a las actividades de las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de alcaloides.
Dicha designación requiere una explicación, no sólo en razón de las múltiples definiciones que proponen académicos y especialistas, sino también por las diferencias y falta de consenso existente entre estos, sobre las características que debería tener un cártel del narcotráfico para ser considerado como tal.
El concepto de “narcoterrorismo” se remonta a los tiempos del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, quien en 1983 utilizó dicho término para denunciar las violentas acciones de los traficantes que operaban en el país. A la cabeza del narcoterrorismo peruano se encontraba con un enorme poder para desafiar al Estado, la hoy disminuida pero todavía peligrosa “Sendero Luminoso”, una organización maoísta que experimentó un proceso de convergencia con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Algo similar sucedió con formaciones políticas en otras regiones de América Latina, como las ultraizquierdistas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) y “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), y las fuerzas paramilitares anticomunistas conocidas como “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). La búsqueda desesperada de nuevas y/o mayores fuentes de ingreso para financiar sus actividades, hizo que se cometiera la brutal desviación que significa desnaturalizar la lucha por el logro de un objetivo político, para sumarse a una actividad criminal como el narcotráfico con el supuesto objeto de financiar sus actividades “revolucionaria”.
El proceso de convergencia entre organizaciones políticas que utilizan tácticas terroristas y el crimen organizado, fue desarrollándose desde una simple asociación hasta un punto en que debido a las mutaciones sufridas resulta imposible distinguir entre unos y otros.
En los casos arriba mencionados, todas ellas tuvieron algún tipo de ideal y una agenda política, pero con el correr del tiempo fueron incorporando tácticas terroristas, hasta hacer de ellas una metodología de uso común, sin otra lógica que la del lucro, como puede observarse todavía tanto en Perú como en Colombia. Fueron así adquiriendo el carácter de mafias, caracterizadas por la lógica del poder, cimentado a través de la corrupción, la intimidación a funcionarios honestos y los asesinatos selectivos o masivos cuando sus jefes lo consideraban necesario para modelar o consolidar su ámbito operacional.
Lo que diferencia con el narcoterrorismo mexicano, es que los “cárteles” y organizaciones de este país son exclusivamente criminales y carecen de todo ideal o plataforma política. En realidad, si hubo intentos por parte de grupos insurgentes para conquistar una cuota en el negocio del narcotráfico, esto les fue impedido por la existencia de un Estado controlador, y de gobiernos con altos funcionarios que protegían esta actividad y hacían usufructo de ella.
La definición final entonces, es que las organizaciones mexicanas que trafican drogas ilegales, pueden ser denominadas narcoterroristas, porque utilizan el crimen y el terrorismo masivo y selectivo, como tácticas predominantes dentro de su estrategia diseñada para consolidar su poder.
El camino hacia la preeminencia actual de las organizaciones narcoterroristas mexicanas sobre los remanentes de los antiguos cárteles colombianos, comenzó a desarrollarse gradualmente cuando estos últimos comenzaron a pagar con cocaína el respaldo que las primeras prestaban a sus operaciones. Ya a fines de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, la ofensiva de los gobiernos colombianos contra los grandes cárteles de Medellín y Cali comenzó a debilitar a los traficantes de alcaloides en su conjunto. A esto se sumaron luego las contundentes victorias alcanzadas contra las organizaciones narcoterroristas encabezadas por las FARC, el ELN y la AUC, a partir de la llegada al gobierno de Colombia del presidente Alvaro Uribe.
El autor de este ensayo ha abordado sintéticamente en diversos escritos y reportajes anteriores el origen, desarrollo y perfil de los principales “cárteles” del narcotráfico mexicano, sus tácticas operacionales, su dinámica y la cambiante situación que se origina tanto por la guerra que se desarrolla entre dichas organizaciones criminales, como por la dura ofensiva militar lanzada en su contra por el Gobierno de Felipe Calderón.
Durante 2007 hubo en México 2.700 muertes relacionadas con la violencia causada por el narcotráfico, mientras que se registraron más de 5.000 en 2008; tales cifras indican que el porcentaje se ha incrementado apenas debajo del 50 por ciento en el período de un año calendario.
Lo más sobresaliente a destacar, al menos durante los últimos tiempos, es el altísimo nivel de violencia y brutalidad, que han causado dichos miles de muertos, muchos de los cuales han aparecido descuartizados, decapitados y con signos de haber surgido horribles torturas.
Hasta la existencia de un siniestro personaje conocido como “el pozolero” —por su macabra “profesión” de disolver cadáveres de víctimas de los “cárteles” en ácido en su propio establecimiento, e incluso “a domicilio”—, parece más un producto de filmes de terror que alguien surgido de la realidad en el marco del drama mexicano.
El origen de la violencia narcoterrorista en el país
La guerra entre “cárteles” en México no es de tiempos recientes, aunque sí la extrema violencia que han adquirido sus combates, como parte de un diseño táctico creado para aterrorizar a la competencia y a las fuerzas del orden. También, a la ciudadanía indefensa que no cuenta con los medios para protegerse o emigrar a otros países, mientras su patria continúe dominada por el imperio del crimen y no por el del derecho y la justicia.
Podrían señalarse dos causas primarias y paralelas de la violencia extrema suscitada durante los últimos años en México:
Primero, el sideral beneficio que arroja el narcotráfico, a partir de la primacía de los criminales mexicanos sobre los de Colombia, y el valor geográfico de las regiones y ciudades más
próximas a la frontera terrestre entre México y EE.UU., principal consumidor mundial de drogas ilegales.
Segundo, el resquebrajamiento del poder político y la protección que este prestó al narcotráfico, durante las décadas en que México estuvo dominado casi tiránicamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de triste memoria. A la caída del PRI siguieron las iniciativas contra el narcotráfico del ex presidente Vicente Fox, acentuadas más decididamente por el primer magistrado actual, Felipe Calderón.
En una entrevista publicada por Foreign Policy en castellano, el historiador y escritor mexicano Enrique Krauze advierte sobre el peligro inminente de que su país se convierta en un narcoestado. Contestando una pregunta de su entrevistador sobre el brote de violencia causado por el narcotráfico mexicano, Krauze manifiesta: “En México no solía haber este tipo de problemas porque teníamos un sistema político centralizado. Antes el presidente era el rey de facto. Podía ser corrupto o no, pero existía un poder central que afrontaba los aspectos más oscuros de la vida mexicana. Una de las desventajas paradójicas de nuestra nueva democracia [es que ha descentralizado] el poder de los narcotraficantes”.
Sinceramente, muchos de esos “reyes de facto”a los que alude Krauze, pactaron y/o se asociaron al gran negocio de la droga junto a “príncipes” y “barones” de su propio partido y los sucesivos gobiernos del PRI; al punto que era difícil distinguir claramente los límites entre quienes eran corruptos u honestos, o los que por temor miraban hacia otro lado.
Más allá de las causas primarias señaladas, la trágica espiral de violencia en México
—relacionada con todo el espectro de negocios relacionados con el narcotráfico, incluyendo la clarificación de dinero ilegal—, está expandiéndose inexorablemente a otros países, en los que ya se registran enfrentamientos entre bandas.
La dinámica situación actual de los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas
Ninguna de las principales organizaciones instaladas en el “mapa” del narcotráfico mexicano controla ni los precios ni los niveles de producción; conditio sine qua non para su reconocimiento como “cárteles”, según los criterios académicos más serios utilizados a nivel internacional. Este tipo de disquisiciones no alteran para nada la peligrosidad de los narcoterroristas bajo estudio. Se trata solamente del intento de abordar ciertos temas y términos utilizando un léxico apropiado, que ayude de alguna manera a disipar no pocas confusiones reinantes en los medios masivos de comunicación.
Los documentos de algunas instituciones internacionales en general y de numerosos países en particular, contribuyen a confundir a investigadores y analistas de medios masivos de comunicación y, a través de ellos, a quienes se interesen en el estudio de amenazas como el narcoterrorismo. A veces se califican de cárteles a organizaciones que no reúnen los requisitos mínimos para serlo, y otras tantas se inventan nombres simplemente porque un grupo de delincuentes relacionados con el narcotráfico proceden de un mismo pueblo.
Afirmar hoy que los grandes “cárteles” en México se llaman “del Golfo” o “de Sinaloa”, o si sus brazos armados tienen o no tal o cual nombre, como lo fueron “Los Zetas ” o la “Organización
Beltrán Leyva”, podría resultar irrelevante cuando este trabajo sea publicado, dados el vértigo y la dinámica de su cambiante situación y la del ajedrez fatal del desquicio en México. Vale
recordar —a título anecdótico— un comentario que este autor hizo hace meses en un conocido programa de televisión, al afirmar que no había un “cártel” en Sinaloa sino una federación de ellos. Era así al salir el reportaje al aire, pero en pocos días se produjo una severa fractura, la federación dejó de ser tal y sus antiguos elementos comenzaron a matarse entre ellos por el control del negocio. Asimismo, “Los Zetas” rompieron su relación con el llamado “Cártel del Golfo”, del que fueron sus sicarios, para establecerse por su propia cuenta, redirigiendo parte de su letal poder de fuego hacia quienes hasta hace poco tiempo habían sido sus patrones.
La misma fuerza narcoterrorista conocida como “Los Zetas”, ha dejado de tener la extraordinaria experiencia y especializació n de sus primeros comandantes —muchos de los cuales fueron miembros del Ejército de México entrenados en momento como fuerzas especiales en los EE.UU.—, para dar lugar a nuevos sujetos, animados por una desenfrenada avidez de riqueza y de poder. Si algún día se elaborara un perfil psicológico criminal de esta nueva generación de jóvenes narcotraficantes mexicanos sumamente violentos —integrada frecuentemente por hijos o familiares jóvenes de capos muertos o detenidos—, podría tal vez elaborarse un modelo explicativo de su conducta e identificar las causas de la naturaleza macabra y desenfrenada de la violencia con que actualmente desarrollan sus acciones.
El baño cotidiano de sangre en México no tiene su origen exclusivamente en enfrentamientos que se libran para conquistar nuevos territorios o porciones del negocio. Las diferentes “familias” criminales acostumbran vengar a sus propios muertos y las estadísticas indican que el 90 por ciento de las personas asesinadas en el país, son la consecuencia de la guerra desatada entre organizaciones y bandas rivales y no por las acciones de las fuerzas del orden. Esta espiral de violencia es un continuo que no permite avizorar un punto final; al menos por el momento y probablemente por mucho tiempo.
En definitiva, nada ni nadie estará a salvo de la arremetida narcoterrorista mexicana, dentro o fuera de su territorio nacional, mientras sus organizaciones guerreen para conquistar cuál casilleros en un ajedrez mortal aquellas regiones y ciudades más cercanas a la frontera de los EE.UU., el más apetecible de sus mercados. Y también las autopistas, caminos y los pasos internacionales, principales y secundarios, que conducen a los vecinos estados de Arizona, California, Nueva México y Texas. No en vano los mayores enfrentamientos se han registrado en Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, muy cercanos a las fronteras del norte, pero también a las grandes autopistas, transformadas en verdaderos “corredores” por donde se transporta la droga hacia los EE.UU.
En dichas vías de comunicación transita el importante intercambio comercial terrestre con sistemas de fletes contenerizados, entre México y EE.UU., utilizados frecuentemente para el contrabando de droga. No constituye esto un dato menor, por los inconvenientes que acarrearía la adopción de mayores medidas de seguridad y controles por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano. Cualquier decisión equivocada podría disminuir el flujo de camiones y con ello afectar sensiblemente la economía de ambos países. De allí a la creación de mayores condiciones para violentas protestas sociales alentadas por las mismas organizaciones del narcotráfico, existe una delgada línea que podría romperse en cualquier momento, como sucedió hace poco en pequeña escala en algunos lugares de México.
El botín del narcotráfico con centro en México arrojaría al conjunto de organizaciones un ingreso anual aproximado a los 40.000 millones (40 billones) de dólares estadounidenses. Gran parte de la recaudación criminal es clarificada con el objeto de montar negocios legales en el país y el exterior, como también para alimentar la corrupción.
Las siderales sumas que arroja como beneficio el narcotráfico, permite a esas organizaciones narcoterroristas adquirir el poder de fuego y el entrenamiento con que cuentan actualmente, que a veces parece superar en magnitud al de las fuerzas del orden en varias partes del país.
Aunque México se enfrente a una precaria situación de seguridad, no existe peligro de que se convierta en un estado fallido y puedan correr riesgos la continuidad histórica del Estado y las instituciones políticas del país. En este sentido y contrariando la opinión de algunos analistas, cabe coincidir con una declaración del presidente Felipe Calderón: "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso", agregando: "No he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano".
En definitiva, del éxito o la derrota del fracaso en la lucha contra el narcoterrorismo mexicano, dependerá una mayor expansión de este flagelo en todo el continente americano en general y en la Argentina en particular, donde también han hecho pie, comprobadamente, algunos grupos y sujetos criminales procedentes de México, asociados a las redes de delincuentes locales.
EEUU, principal consumidor mundial de drogas ilegales
El fenómeno narcoterrorista mexicano —aunque con menor letalidad por razones de orden táctico—, ha logrado expandirse más allá de sus fronteras, comprometiendo a todos los países de la región, incluyendo a los EE.UU. Este último país —además de principal consumidor mundial de drogas ilegales—, registra la presencia de narcotraficantes mexicanos en alrededor de doscientas cincuenta ciudades. La lucha por la conquista de estas plazas, ha sido la causa de numerosos enfrentamientos registrados entre bandas mexicanas que libran su propia guerra por la conquista de porciones del apetecible mercado estadounidense.
Armas y entrenamiento estadounidenses para los sicarios mexicanos
No sólo es EE.UU. el mercado más apetecible para los narcotraficantes de todo origen. Grupos de asesinos como “Los Zetas”, cuentan entre sus integrantes a ex miembros de las fuerzas armadas regulares mexicanas, que antes de desertar recibieron en cuarteles estadounidenses entrenamiento en operaciones paramilitares especiales, inteligencia y contrainteligencia y otras artes.
Asimismo y como consecuencia de las facilidades que da la legislación vigente, existen armerías y firmas estadounidenses que suministran a los narcoterroristas ilegalmente todo tipo de armamento y equipamiento altamente sofisticado. Principalmente, fusiles ametralladora, granadas de mano, lanza granadas, cohetes antitanque, aparatos de tiro y visión nocturna, equipos para comunicaciones satelitales, y sistemas de encriptamiento altamente sofisticados, que son adquiridos en los estados fronterizos con México.
Nada de ello podría realizarse, si no existiera en territorio de los EE.UU. una inmensa red de corrupción, que no sólo mantiene casi inalterable el volumen general de consumo de estupefacientes en todo el país, sino también un alto grado de impunidad para los integrantes del tejido criminoso que a nivel oficial protegen tales actividades en las diferentes jurisdicciones de la Unión.
El mea culpa de Hillary Clinton y el “modelo de Thomas Schelling”
Debe hacerse especial hincapié en la responsabilidad oficial que ha asumido el Gobierno de los EE.UU. sobre varios de los puntos arriba mencionados, y cabe aquí aplicar el axioma jurídico: “a confesión de partes relevo de pruebas”. Esto puede ya tomarse como algo oficial, luego de las palabras pronunciadas por su Secretario de Estado Hillary Clinton durante la reciente visita realizada a México. La alta funcionaria y ex precandidata demócrata a la Presidencia de los EE.UU., manifestó estar convencida de que su país tiene una “corresponsabilidad” en la lucha que México está librando contra las organizaciones de narcotraficantes. Dijo además Clinton: "Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el tráfico". Asimismo: "Claramente, lo que hemos estado haciendo no funciona. Nuestra incapacidad para prevenir que las armas sean ilegalmente traficadas a través de la frontera para armar a estos criminales causa las muertes de policías, soldados y civiles. Estoy convencida de que tenemos una corresponsabilidad”. "No son sólo armas, son lentes de visión nocturna, son chalecos antibalas. Desde que sabemos que la mayor parte, un 90% de este armamento, viene de nuestro país, vamos a intentar detenerlo" , prometió finalmente Hillary Clinton.
El caos en que han sumido a México las organizaciones del narcotráfico, no sería tal vez tan grave si la “incapacidad” y “corresponsabilidad” admitidos por la Sra. Clinton, no fueran a su vez consecuencia de un pavoroso grado de corrupción oficial en su propio país. Y a tal punto, podría decirse, que hasta para agencias gubernamentales cuya misión es imponer el imperio de la ley —como el FBI y la DEA—, resulta altamente difícil, cuando no una misión imposible, penetrar con sus operaciones de inteligencia las redes de protección a delitos de alta complejidad, integradas por funcionarios corruptos o asociados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Los especialistas Fred Burton y Scott Steward, de la firma Stratfor, comentan en uno de sus recientes artículos , que algunos casos sensacionales han permitido resaltar el incremento de la amenaza en Phoenix, Arizona, EE.UU. Citan como ejemplo un asalto armado lanzado por pistoleros vestidos con uniformes del equipo táctico de la policía de esa ciudad, que tuvo lugar en junio de 2008. Los atacantes dispararon más de cien tiros en la residencia de un traficante de drogas de origen jamaiquino, quien fue asesinado por haber traicionado a un cártel de la droga mexicano. Afirman también Burton y Steward en el artículo citado, que se han observado hechos de violencia relacionados con los “cárteles” mexicanos de la droga en plazas como Dallas y Austin, Texas; pero que Phoenix, Arizona, ha sido la ciudad más duramente golpeada.
La admisión explícita de la jefa de la diplomacia estadounidense sobre la corresponsabilidad de su país en el drama mexicano, admite una situación gravísima que el gobierno del presidente Barack Obama deberá esforzarse en rectificar en los hechos de ahora en adelante. Además, agregando a cualquier nueva iniciativa contra el tráfico de alcaloides y el terrorismo que está asociado a esta actividad criminal, una lucha frontal contra la corrupción y las mafias enquistadas en todas y cada una de sus instituciones federales y estatales, quienes facilitan, encubren y se benefician con tales delitos.
Es que parece no haber pasado el tiempo desde que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto lo que hoy es conocido como “modelo de Thomas Schelling” sobre el crimen organizado en los EE.UU. Schelling, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, sostenía por ese entonces que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar a dicha frase del “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados en esa frase de su conocido modelo, y que facilitaron y/o protegieron a las mafias estadounidenses. Completado así el concepto, dicho “modelo” podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en otros países, comenzando por la Argentina.
Los estados más castigados por el narcoterrorismo mexicano en los EE.UU. son aquellos que limitan con México: Texas, California, Arizona y Nuevo México. No sólo son en sí un importante mercado para el consumo, sino también el paso obligado para el transporte de narcóticos a otros estados de la Unión Americana. Las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, manejan en esos estados otros negocios ilícitos; como los secuestros extorsivos, asaltos, robo y contrabando de armas y vehículos. Uno de los más graves delitos, por el grave daño físico, psicológico y material a las víctimas, es aquel relacionado con el secuestro de inmigrantes clandestinos, cuando son trasladados desde México a los EE.UU. por las bandas conocidas como “coyotes”. Estos criminales acostumbran a desviar de la ruta convenida a dichos inmigrantes y entregarlos a otros malvivientes, quienes los mantienen en lugares seguros, mientras se extorsiona a sus familiares a cambio de dinero por su liberación.
La situación en México invita a complementar en un futuro este trabajo con un análisis de la analogía existente con Colombia, antes de la aplicación del Plan que lleva el nombre de este último país. También, los límites de dicha analogía y las modificaciones necesarias según las características propias del caso mexicano, a efectos de aprovechar esa experiencia en las futuras acciones y acuerdos bilaterales en la lucha contra el narcotráfico entre los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama.
La “Iniciativa de Mérida”
La “Iniciativa de Mérida” es una asociación entre los Gobiernos de EE.UU., México, América Central, Haití y la República Dominicana, y que no fue creado exclusivamente para los dos primeros, como erróneamente se deja entender en algunas publicaciones sobre el narcotráfico.
EE.UU. y México firmaron la “Iniciativa de Mérida” durante la presidencia de George W. Bush y entre este y Felipe Calderón. Más allá de que algunos lo consideren una especie de “Plan Colombia” en estado embrionario, debería mejorarse —en el caso de México— hasta adquirir la dimensión necesaria para combatir el flagelo del narcotráfico y del terrorismo al que está asociado, aunque ajustándolo a un marco político aceptable y a las necesidades de la seguridad nacional de ambos países.
Frente al desafío planteado por el narcoterrorismo en México durante los últimos años, la Iniciativa mencionada es a todas luces insuficiente para enfrentar tamaño desafío.
La pregunta que cualquiera puede hacerse, a partir de las declaraciones citadas de Hillary Clinton en México, es hasta qué punto los EE.UU. pueden alentar la lucha contra la corrupción y exigir ciertos parámetros de moral cívica a otros países, si no se comienza por pulir las manos de los funcionarios públicos comprometidos con el sistema del narcotráfico en el suyo propio.
Una conclusión importante a destacar es que los EE.UU. carecen hasta el momento de una estrategia nacional y federal coherente en la lucha contra el flagelo multipartito y multidimensional del comercio ilegal de narcóticos y el consumo de drogas.
Con respecto a México, existen demasiados recelos históricos e insoslayables entre este país y los EE.UU., desde que este último se apropió de varios estados del primero en la guerra que mantuvieron en el siglo XIX, como también en negociaciones de compra—venta de territorios. Es por ello que, a diferencia de Colombia, resultaría poco probable que la ciudadanía mexicana estuviera dispuesta a aceptar la presencia de efectivos militares estadounidenses, como sugirieron hace poco equivocadamente algunos medios de comunicación.
La “Operación Xcellerator” contra el narcoterrorismo mexicano
A fines del mes de febrero de 2009 el “cártel” de Sinaloa sufrió un severo golpe a sus redes y células en todo el mundo, como consecuencia de una operación organizada y lanzada por la DEA, conjuntamente con agencias antinarcóticos de otros países. La operación había comenzado casi dos años atrás en los EE.UU., y en lo que a este país se refiere, las investigaciones lograron unir los puntos de la red de 70 células de distribución en 26 estados, en un extenso territorio que llega desde el de Washington hasta Maine.
“Xcellerator” logró también la detención de más de 750 traficantes en grandes ciudades como Nueva York, Baltimore y Los Angeles, pero también en otras más pequeñas como Brockton (Massachusetts) , Lancaster (Pensilvania) y Stow (Ohio).
La operación mencionada costó a la red la pérdida de 1.000 millones (1 billón) de dólares estadounidenses.
El Departamento de Justicia, en una conferencia de prensa brindada el 29 de febrero, puso énfasis en el caso de Stow, situada en el noreste de Ohio. Se comentaba durante tal evento que es una comunidad suburbana de 35.000 habitantes conocida por sus pequeños negocios, buenos colegios y escuelas, y universidades, que se convirtieron en un cauce para los criminales que conducían el negocio de la cocaína.
Justo bajo la superficie de esa pacífica ciudad —agregaba el Departamento de Justicia—, el “Cártel de Sinaloa” había estado enviando regularmente docenas de kilogramos de cocaína desde California a Stow, utilizando el aeropuerto de esta comunidad.
Las redes del narcoterrorismo mexicano replicaban el patrón de Stow en ciudades pequeñas y grandes, pero casi siempre centraban sus actividades en los campus universitarios en la región
La refinada operación encabezada por la DEA, confirma de qué manera las organizaciones criminales mexicanas amenazan la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley en muchos países del mundo.
El dinero sucio procedente del narcotráfico permite además fondear otro tipo de actividades criminales, sobornar funcionarios federales y estatales y carcomer con el negocio del vicio todo aquello que alcancen a contaminar.
Resultaría un enorme avance, a la luz del mea culpa de la secretario de Estado Hillary Clinton, que pudieran idearse y ponerse en práctica numerosas operaciones como “Xcellerator”, pero también para poner en descubierto las redes de corrupción que han permitido convertir a los EE.UU. en el principal consumidor de drogas ilegales a nivel mundial.
Canadá
Canadá padece como principal flagelo el consumo de drogas ilegales, al igual que muchos otros de los considerados países “muy desarrollados”. La situación se ha visto agravada por una legislación extremadamente laxa —en estado de revisión— y también por proyectos que han demostrado ser altamente perniciosos. Especialmente, los “sitios especiales” creados para que los adictos puedan inyectarse diferentes drogas. Increíblemente también, Canadá cuenta con programas de distribución de drogas a los adictos, que violan todos los tratados internacionales existentes para dicho flagelo.
El país es también un importante y sofisticado productor y distribuidor de marihuana de alta potencia. También se produce metanfetamina, principalmente “Extasis”, que es contrabandeada a los EE.UU. Canadá es un país de tránsito o distracción para precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas; principalmente la anteriormente mencionada.
Con referencia a la marihuana, según el informe 2009 de la “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (UNODC) o UNODC , que impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todo el mundo, el crecimiento sin pausa de THC está cambiando el mercado del cannabis. En Canadá y los EE.UU., donde los esfuerzos de erradicación han sido exitosos —agrega—, los niveles de THC reflejan el crecimiento también ininterrumpido hacia la producción doméstica del cannabis de alta concentración.
El capítulo Canadá del Informe del Departamento de Estado 2009 no incluye referencia alguna a la actividad de los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas mexicanos en el vecino país. Sin embargo, diversas fuentes privadas, altamente confiables, confirmaban desde hace meses que tal como sucede en los EE.UU. y otros países cuya situación será analizada en el presente estudio, la violencia callejera en ciudades canadienses como Vancouver está profundamente vinculada a la actividad de organizaciones narcoterroristas mexicanas.
Los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas mexicanas que han tomado por asalto alrededor de 250 ciudades estadounidenses para apoderarse de territorios y redes de distribución, asociadas con las mafias locales y su red de funcionarios corruptos, han extendido las acciones de sus células a territorio canadiense, generando numerosos episodios de violencia.
Prácticamente toda la cocaína que se consume en el país es adquirida por los grupos mafiosos canadienses en México y en ciudades de los EE.UU., como Los Angeles. Los índices de violencia registrados se elevan muy especialmente, cuando las operaciones de las fuerzas del orden —que operan frecuentemente en colaboración con sus pares de las agencias antinarcóticos estadounidenses y también de México—, logran secuestrar narcóticos y arrestar a malvivientes relacionados con el contrabando, distribución y venta de drogas. Entonces, prevalecen las organizaciones mafiosas más poderosas y mejor conectadas con EE.UU. y México, que luchan entre sí para conquistar nuevas plazas o ampliar las existentes. Paralelamente, los grupos criminales de menor nivel también se enfrentan, con el objeto de apoderarse de los restos menores del negocio de los estupefacientes.
Canadá se ha visto ampliamente beneficiada por la “Operación Xcellerator”, que permitió a comienzo de este año la captura en varios países —comenzando por los EE.UU.— de miembros de células narcoterroristas del llamado “Cártel de Sinaloa” mexicano, conocido también como “La Federación” .
La “Operación Xcellerator” no solamente disminuyó la capacidad operacional del “cártel” en Canadá en su conjunto, sino que también terminó con varias de sus redes de distribución en el país. Un paso decisivo sin lugar a dudas, para que este país pueda iniciar una nueva etapa en la larga lucha contra el tráfico de alcaloides en general y del narcoterrorismo mexicano y de otros orígenes en particular.
Algunos casos de la “metástasis” mexicana en la región centroamericana, el caribe y el cono sur
La irradiación criminal desde ese centro de gravedad que constituye actualmente el narcotráfico mexicano —con o sin el uso del terrorismo como táctica—, se ha extendido a otros países centroamericanos. La onda expansiva comienza con los limítrofes Guatemala y Belice y continúa con Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Haití y otras islas del Caribe
—excluyendo a Cuba—, para enlazar con Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, ya en el Cono Sur.
América Central
Los “cárteles” mexicanos parecen también superar abrumadoramente a sus rivales y/o socios colombianos en el manejo del transporte terrestre para el contrabando de drogas en la región, aunque no se observa por el momento la primacía de ninguna de las organizaciones criminales de México en particular.
Las publicaciones oficiales sobre arrestos y decomisos de narcóticos en la región, permiten identificar al cártel con centro en Sinaloa, liderado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre las principales organizaciones mexicanas que transportan cargamentos de narcóticos desde Colombia hasta México, utilizando múltiples medios combinados (terrestres, aéreos, fluviales, marítimos y hasta submarinos), algunos de los cuales no han sido aún debidamente identificados. La otra organización son “Los Zetas”, hoy escindidos del “Cártel del Golfo y que al menos en lo concerniente a esas actividades específicas están operando de manera independiente.
Los porcentajes de transporte de droga por los principales vectores que circulan por los grandes corredores del narcotráfico desde América del Sur hacia el norte del continente, suelen variar periódicamente y requieren por ello un monitoreo permanente. La acumulación de evidencia e indicios en el último período, permite identificar con un bajo margen de error el trazado de dichas rutas. Así, por ejemplo, el “Corredor de México y América Central” incluye los vectores del Pacífico Oriental, de América Central y del Caribe Occidental, mientras que el “Corredor del Caribe” abarca los vectores de Jamaica, Haití / República Dominicana y Puerto Rico, principalmente. Por el primer corredor mencionado circula en este momento y de manera abrumadora la mayor cantidad de droga ilegales, mientras que un porcentaje menor se envía hacia las islas caribeñas orientales para consumo y transbordo a otros mercados finales.
Mapa del flujo documentado de cocaína desde América del Sur
por parte de vectores identificados en la zona de tránsito
(2007)
Fuente: Consolidated Counterdrug Database (CCDB) — Departamento de Justicia de los EE.UU.
En todos los casos arriba mencionados, los puntos de partida de los mayores embarques, tanto en los corredores como en los vectores mencionados y como puede observarse en el mapa, están situados en los puertos y costas de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Cabe destacar que el vector de América Central, que transportaba usualmente en el pasado importantes cantidades de narcóticos desde Colombia a Panamá y desde este último país hacia el norte, no registra actualmente movimientos de importancia, dadas las numerosas operaciones de vigilancia y captura realizadas por ambos gobiernos, con ayuda de agencias y organismos internacionales y estadounidenses.
Amenazas a la seguridad en América Central
La violencia registrada en México no encuentra aún una situación espejo a la que se registra en países de América Central. Tal vez porque el alto nivel de corrupción imperante hace que muchos de los altos funcionarios de los diferentes poderes de esos estados, prefieran aceptar jugosos sobornos de los narcotraficantes, a enfrentarse a ellos y terminar asesinados. Si por casualidad alguien levanta la voz o decide enfrentarse al narcotráfico —desde algún sitial privilegiado de un gobierno, tribunal judicial o en la legislatura—, es eliminado por sicarios o intimado a aceptar sobornos o renunciar.
Otra de las amenazas regionales está constituida por la asociación entre las organizaciones narcoterroristas mexicanas con pandillas criminales como las “Maras Salvatruchas”, cuyo origen se encuentra en los EE.UU., donde fueron fundadas por pandillas de inmigrantes salvadoreños.
Cabe citar específicamente entre otras bandas de menor importancia a las tristemente célebres “MS—13” y “Calle 18” , que han extendido rápidamente su acción a El Salvador, Honduras, Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta México.
Las maras, más allá de los diferentes nombres de la gran cantidad de bandas existentes, se han convertido ya en pandillas criminales transnacionales, las cuales amenazan también a otros países del Cono Sur, al menos en su estructura organizacional y tácticas criminales, y hasta existe un fundado temor en que puedan surgir actualmente en España.
Las pandillas y sus asociados han logrado expandir sus actividades en el negocio del narcotráfico. Estas incluyen la distribución y venta al por mayor de drogas ilegales, como así también el establecimiento de alianzas y la constitución de sociedades con organizaciones criminales transnacionales.
Las maras se han asociado asimismo a organizaciones narcoterroristas mexicanas que operan en regiones neurálgicas de este país, como las de Tijuana, Juárez, el Golfo y Sinaloa.
Además y según datos altamente fidedignos, miembros de las maras han borrado sus tatuajes, con el objeto de ofrecer menores riesgos de identificació n cuando viajan al exterior. Estas pandillas operan muy especialmente en España —una de los principales puntos de entrada de droga a Europa—, donde no sólo han logrado instalarse, sino que también utilizan su territorio para expandirse desde allí a otros países del continente.
La situación de los países centroamericanos en los que fehacientemente registran actividad los “cárteles” del narcotráfico mexicano, fue analizada en febrero de 2009 en Costa Rica por los fiscales generales de Centroamérica reunidos en este país, con el objeto de exaltar la necesidad de coordinar urgentes acciones contra estas actividades criminales. Ellos son: José Velázquez, de Guatemala; Félix Garrid, de El Salvador; Delia Rosales, de Nicaragua; Leónidas Rosa, de Honduras y de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, quienes dieron a conocer algunos puntos de vista al diario “El Universal” de México, los que se incluyen en la sección correspondiente a cada país en particular..
En conjunto, coincidieron en que todos los cárteles mexicanos disponen del dinero suficiente para penetrar las estructuras políticas e institucionales de sus países y del Istmo, y aseguraron que la zona está agotada por la violencia que provocan los contrabandistas de drogas. Manifestaron asimismo que los “cárteles” mexicanos (pusieron especial énfasis en Los Zetas, Sinaloa y el Golfo), han logrado infiltrarse en aparatos de seguridad y entidades judiciales y políticas del área.
La región centroamericana arroja un saldo de 14 mil homicidios relacionados con el narcotráfico durante 2008.
Los países analizados son los siguientes:
Costa Rica
El Departamento de Estado también expresó su preocupación porque Costa Rica "sigue siendo un punto de tránsito cada vez más importante de narcóticos destinados a Estados Unidos y Europa", aunque las autoridades de San José "cooperan de forma cercana y efectiva" con Washington en la lucha contra las drogas.
“Cuando se acumula en las cúpulas de las organizaciones locales (del narcotráfico) una gran cantidad de dinero, van a tratar de apoderarse de las estructura de las instituciones”, pronosticó el fiscal general Francisco Dall’Anese. “Las organizaciones terroristas quieren destruir el Estado. Las organizaciones criminales quieren apoderarse del Estado” , concluyó.
A pesar de ello, cada vez hay una mayor utilización de lanchas rápidas para transportar cocaína a través de las aguas costarricenses.
El Salvador
El informe también señala que el tráfico de efedrina y pseudoefedrina se podría convertir en un futuro grave problema en El Salvador y destaca que una reciente auditoría en uno de los principales laboratorios farmacéuticos de ese país descubrió la desaparición de dos millones de píldoras de efedrina.
El Departamento de Estado también criticó que "el Gobierno de El Salvador no hizo ningún avance significativo en el 2008 en términos de mejora de su capacidad de detectar, investigar y procesar el lavado de dinero y los delitos financieros" .
Washington dijo que "la Unidad de Investigación Fiscal (de la Fiscalía General) parece estar infrautilizada, así como con falta de dirección institucional y capacidad de investigación" .
El fiscal de El Salvador, Félix Garrid, advirtió : “Nuestros países están sufriendo, y mucho, y evidentemente el narcotráfico puede ganar terreno. No es fácil evitar que el narcotráfico se tome nuestros países, nuestras instituciones”. Y añadió: “La demanda de consumo de droga está en el norte (del continente). Los flujos de blanqueo (de dinero) son de norte a sur y nuestra región está en el paso. En tanto las autoridades no sean robustas, los grupos de narcotráfico van a quererlas vulnerar para tomárselas”.
Guatemala
Guatemala es un país muy importante de tránsito para el contrabando de narcóticos, y se estima que la cantidad de cocaína por año que circula a través de la región, asciende a 400 toneladas métricas. Además, un productor no demasiado importante de cabezas de plantas adormideras verdes (Papaver somniferum), de las cuales se extrae el opio. Este es contrabandeado a México, donde se lo convierte en heroína, para ser luego enviada a los EE.UU. y Europa, principalmente.
Las organizaciones narcoterroristas mexicanas gerencian la producción de las adormideras en Guatemala, proveen las semillas y garantizan la compra de la goma o látex de opio a los pequeños agricultores de este país.
Otro problema para la seguridad está constituido por los nexos acreditados existentes entre letales kaibiles desertores guatemaltecos y organizaciones narcoterroristas mexicanas.
Según el Departamento de Estado, el tráfico está concentrado en las provincias del norte que limitan con México, la jungla del Departamento de Peten, el área costera del Pacífico, como también la del lago Izabal en la costa del Caribe donde este drena .
El presidente Alvaro Colom y algunos de sus ministros fueron amenazados de muerte, muy probablemente por “Los Zetas” mexicanos, luego de la detención de algunos ciudadanos de este país que se sospecha pertenecen a esta organización, según informó la “Policía Nacional Civil” (PNC) de ese país.
Los acuerdos entre Guatemala y EE.UU. han ido expandiéndose durante los últimos tiempos, constituyéndose una fuerza especial conjunta de tareas, concentrada en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y para mantener el orden público.
Al opinar sobre el accionar de mafias mexicanas en su país, el Fiscal General de Guatemala, José Velásquez, mencionó en el reportaje citado de El Universal : “Trágico, toda vez que han tenido una incursión fuerte principalmente en el norte y el occidente de Guatemala. Hemos tenido la invasión de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas que ha degenerado en violencia y confrontación entre Los Zetas y los cárteles mexicanos y guatemaltecos”, relató.
Uno de los problemas más graves que enfrenta este país es el alto nivel de corrupción. EE.UU. reconoce oficialmente los esfuerzos del presidente Colom contra el narcotráfico, como el aumento del presupuesto de las fuerzas de seguridad y su campaña contra la corrupción. No obstante, insiste que en razón de las medidas adoptadas por México en su lucha contra las drogas, los “cárteles” mexicanos se han expandido en Guatemala. También, que a medida que los cárteles penetran más, el presidente Colom encarará mayores desafíos de seguridad en Guatemala .
Honduras
Este país centroamericano sufre el azote de la corrupción como tantos otros de la región, que es uno de los principales obstáculos para la lucha contra el narcotráfico. Basta leer las publicaciones de la prensa hondureña para comprobar la conexión histórica y presente entre funcionarios de la administració n pública, tanto civiles como militares y los narcotraficantes.
El fiscal de Honduras, Leónidas Rosa destacó: “Hemos detectados nexos entre organizaciones criminales y algunas personas de partidos. La clase política obviamente será vulnerable al narco” .
El informe recientemente publicado por el Departamento de Estado menciona que la principal novedad en Honduras en el 2008 fue "el aumento del flujo de pseudoefedrina y otros precursores químicos" para la producción de metanfetaminas. El incremento podría atribuirse a que la legislación del país facilita la importación de dichas substancias, que pueden ser utilizados de forma legal en laboratorios farmacéuticos, como sucedía hasta hace poco tiempo en la Argentina
El Gobierno hondureño secuestró una impresionante cantidad de narcóticos ilegales: 3 Tm. de marihuana procesada, 2Kg. de crack de cocaína , 3,5 millones de píldoras de pseudoefedrina y más de 5 toneladas de precursores. Asimismo, fueron decomisadas en EE.UU. 13 TM de pseudoefedrina destinadas a Honduras, donde iban a ser desviadas a carteles mexicanos de la droga.
En el 2008, las autoridades hondureñas confiscaron 2 millones de toneladas de pseudoefedrina en bruto, 3 millones de píldoras de pseudoefedrina más otros 5 millones de toneladas de otros precursores.
Nicaragua
Con respecto a Nicaragua y aunque el informe del Departamento de Estado reconoció "el determinado esfuerzo para combatir el uso de drogas y el comercio internacional de narcóticos", criticó la "sostenida politización del Tribunal Supremo de Nicaragua". El mismo documento también constató que "la corrupción e interferencia política es un problema persistente y sostenido en las fuerzas de seguridad y el cuerpo judicial" .
La fiscal general de Nicaragua, Delia Rosales, alegó que Nicaragua es uno de los países que más ha golpeado a cárteles. Nicaragua es un corredor del tráfico de drogas, pero hay “voluntad política” de luchar “frontalmente contra el crimen organizado” , puntualizó.
El documento alabó la "agresividad de las autoridades nicaragüenses" en la interceptació n marítima de cargamentos de droga.
Panamá
Gracias a su posición geográfica y a su muy bien desarrollada infraestructura marítima y de transporte, Panamá es —según el Departamento de Estado—, un país muy importante para el control logístico y el transbordo de drogas ilegales a los EE.UU. y Europa. Afirma también el mismo informe que los más importantes cárteles de la droga colombianos y mexicanos, como también grupos armados de Colombia, usan a Panamá con el propósito de traficar droga y lavar dinero .
El presidente panameño Martín Torrijos Espino coopera muy estrechamente con EE.UU. en operaciones antinarcóticos, como reconoce oficialmente el Departamento de Estado en informes en que menciona a ese país y a su primer mandatario. Durante 2008 se capturaron en Panamá 53 toneladas métricas de cocaína, una cifra altísima, pero también se ha desarrollado un modelo efectivo de vigilancia comunitaria para ayudar al control del naciente problema gangsteril, que EE.UU. considera crucial para asegurar el cumplimiento de las misiones de las agencias.
Panamá, al igual que otros países ya mencionados, comenzando por México, registra numerosos asesinatos y hechos de violencia relacionados con la droga, la mayoría de los cuales se atribuye a venganza entre traficantes.
Para sintetizar, los patrones arriba descriptos —diferentes formas de convergencia entre narcotráfico y narcoterrorismo por un lado y crimen organizado por el otro—, podrían aplicarse casi sin excepción a los otros países del Continente Americano.
Caribe
Las estadísticas oficiales de los últimos años indican que ha habido un notable incremento de las incautaciones de drogas ilegales hechas por estados de América Central, mientras que paralelamente se observa un decrecimiento de las realizadas en la región del Caribe.
Las tendencias observadas durante 2006 y 2007 parecen indicar que son consistentes con cambios a más largo plazo, aunque estas deberán confirmarse posteriormente, dado que no siempre las estadísticas coinciden con la realidad total en el terreno. Estas se basan en los secuestros de drogas concretados, pero debe tenerse en cuenta que hay una importante cantidad que no lo es, que han alcanzado sus puntos de destino, y que solamente puede calcularse de manera aproximada.
El Informe 2009 del Departamento de Estado releva al Caribe francés, holandés y occidental de todo dato que los vincule al narcoterrorismo mexicano. No así, cabe destacar, de actividades relacionadas con el narcotráfico originado en América del Sur.
Con referencia a Cuba, debe destacarse que el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia internacional de control de narcóticos 2009, encomia los esfuerzos realizados por este país.
América del Sur
La actividad que registra el narcoterrorismo mexicano en países de América del Sur —excluyendo a Colombia, que por la magnitud de la relación con los mismos fue abordada en otras partes de este escrito— ha ido in crescendo durante los últimos años.
Bolivia
Bolivia continúa siendo el tercer productor mundial de cocaína, pero además un importante país de tránsito de esta droga, que llega desde Perú y las regiones de los Andes Centrales donde se cultiva y procesa y que constituyen un centro neurálgico de gravedad. La importancia de dichas regiones crece aceleradamente, mientras sus vectores nuevos o ya existentes apuntan hacia los países del Cono Sur. No sólo con el objeto de agregar e incrementar mercados o transbordar droga, según el caso, sino también para procurarse nuevos asociados y expandir su negocio en la región.
La producción anual de cocaína boliviana se ha incrementado de 100 a 120 toneladas métricas comparando los registros de 2003 y 2008, respectivamente. Según la “Drug Enforcement Agency” (DEA) de los EE.UU., esto ha sido consecuencia del creciente número de laboratorios que utilizan una tecnología colombiana mucho más eficiente .
Bolivia es también productora de marihuana, para consumo doméstico, pero el crecimiento de 35 toneladas métricas en 2005 a 113 en 2008, permite presumir con un alto grado de probabilidad de ocurrencia que la cocaína boliviana se deriva a los mercados argentino, brasileño y paraguayo, tanto para consumo interno, como para su posterior reembarque a Europa.
El índice de cocaína boliviana detectado en Europa no supera el 1 por ciento en 2007 , pero como en 2006 no había registro alguno de movimiento, deberían esperarse los próximos informes para determinar si hay una tendencia hacia el crecimiento en ese continente.
Según confirma el mismo Departamento de Estado, hay documentación muy limitada sobre secuestro de cocaína boliviana fuera de su país; reconoce además que una cantidad relativamente pequeña de tal droga producida en Bolivia llega a los EE.UU.
Datos de inteligencia de las agencias de lucha contra el narcotráfico y fuentes propias, coinciden en que existe un nexo entre las organizaciones de narcotraficantes colombianos, mexicanos y de la Triple Frontera, como aseveraba este autor en un trabajo sobre crimen organizado y terrorismo en esa región limítrofe, publicado en agosto de 2007.
Como hechos irrefutables de la actividad narcoterrorista mexicana asociada con los traficantes bolivianos, se encuentran los desmantelamientos de tres organizaciones muy importantes vinculadas al suministro de cocaína. Las operaciones que pusieron en descubierto tal nexo, fueron llevadas a cabo por el Gobierno de los EE.UU., que tenía como objetivos a esas bandas criminales desde tiempo atrás.
Aunque los medios de comunicación no siempre hayan reflejado el incremento de la violencia en Bolivia relacionada con la droga, especialmente la cocaína, debe hacerse hincapié en que han muerto decenas de personas en enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. La violencia ha causado también un éxodo sin precedentes de ciudadanos bolivianos a territorio brasileño. Al igual que en México, las bandas enfrentadas luchan por la conquista de nuevos territorios y rutas; entre ellos, los que bordean y conducen al apetecible mercado brasileño.
Resulta asimismo probable, más allá del grado de ocurrencia, que la guerra entre grupos de narcotraficantes rivales pueda extenderse más allá de la frontera entre Bolivia y la Argentina, aunque el último país no haya necesitado de la ayuda del primero, para contar con sus propios casos, relacionados a las rivalidades de organizaciones narcoterroristas colombianas, mexicanas y peruanas.
Brasil
Brasil es uno país principal de tránsito del clorhidrato de cocaína, y además un mercado significativo para la cocaína base y el crack de cocaína y otros derivados para consumo local.
Brasil es el segundo país consumidor de cocaína en el mundo, con cerca de 870.000 personas, luego de los EE.UU., que cuenta con alrededor de 6 millones de adictos a esa droga. Sin embargo, no se lo considera como un país productor de drogas, al menos importante, aunque se han secuestrado pequeños laboratorios—cocina que procesan la cocaína base.
La mayor parte del clorhidrato de cocaína comúnmente transbordado en Brasil hacia otros países es traficado a través del Corredor Europeo/Africano. La cocaína de origen brasileña secuestrada en Europa en 2006 se eleva al 3 por ciento en 2006, pero en el período 2007 descendió al 2 por ciento .
Con respecto al consumo de MDMA —conocido como “Extasis”—, esta droga sintética se produce en parte localmente, pero también hay registros de mayores cantidades de origen europeo. Esto último ha sido constatado gracias a incautaciones realizadas por las autoridades brasileñas tanto en puertos como en centros urbanos.
El contrabando de drogas ilegales y armas brasileños son operados crecientemente por las organizaciones criminales “Primer Comando de la Capital” (PCC) con eje en Sao Paulo, y por el “Comando Vermelho” (CV) que actúa sobre todo en Río de Janeiro. Se considera también que ambas organizaciones han incrementado sus vínculos con traficantes colombianos y mexicanos. Con referencia a los contactos de las organizaciones criminales brasileñas mencionadas con sus asociados mexicanos, es altamente probable que se hayan incrementado también en la región de la Triple Frontera .
Brasil ha cooperado estrechamente con los EE.UU. en numerosas operaciones antinarcóticos, algunas de las cuales culminaron con importante líderes del narcotráfico, como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “La Chupeta”, uno de los jefes del “Cartel del Norte del Valle” de Colombia. Este sujeto fue extraditado a los EE.UU. donde enfrenta cargos por asesinato, tráfico de drogas y clarificación de dinero, cometidos en el Distrito Este de Nueva York.
Colombia
A pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno de Colombia contra el narcoterrorismo y las organizaciones menores dedicadas al tráfico de drogas, el país continúa siendo hasta el momento el mayor productor.
Desde hace seis años este país mantiene de manera consecutiva el record de erradicación de drogas ilícitas, como también desarrolla importantes programas de todo tipo para limitar el campo de acción de los narcotraficantes, muchos de cuyos líderes han sido extraditados a los EE.UU. para afrontar gravísimos cargos.
Según informa el Departamento de Estado, Colombia es la fuente del 90 por ciento de la cocaína que ingresa a los EE.UU., de la heroína que se usa al este del río Misisipi, un usuario líder de precursores químicos y el foco de una actividad significante en materia de clarificación de dinero.
Es muy difícil tomar estrictamente en cuenta las estadísticas oficiales colombianas, pero se cree que en el país está creciendo el consumo. También, y como sucede en el caso de los EE.UU., no existe una estrategia nacional coherente para combatir tanto en narcotráfico como el consumo de drogas.
Uno de los mayores éxitos del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez durante su dramática gestión, ha sido la guerra contra las principales organizaciones narcoterroristas del país: las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) y las anticomunistas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). Las dos primeras intervienen en todas las fases que conciernen al narcotráfico, pero además controlan grandes extensiones donde se siembran y procesan la planta de coca y las “adormideras” de cuyas cabezas se extrae el opio. Y en cuanto a la AUC, ha sufrido la baja de una importante cantidad de sus dirigentes, incluyendo a quienes estaban relacionados con altos funcionarios de la Administració n Uribe, algunos de los cuales fueron extraditados a los EE.UU. No obstante, hay todavía ex miembros que continúan activos y dedicados al tráfico de narcóticos y secuestros extorsivos, entre otros delitos.
Cómo es de público conocimiento, las FARC han sufrido una serie de derrotas consecutivas a manos de las fuerzas regulares, como la muerte de muchos de sus jefes principales y el secuestro de material informático que ha puesto en descubierto sus redes, contactos y apoyatura exterior.
Además, la liberación de un importantísimo grupo de rehenes, encabezado por su tesoro más preciado: la ex dirigente política Ingrid Betancourt, antecedida nada menos que por una impecable operación de inteligencia que también condujo a la recuperación del niñito Emmanuel, hijo de Clara Rojas, retenida por las FARC desde 2002 y liberada el 10 de enero de 2008.
El circuito utilizado por las organizaciones relacionadas con el tráfico de heroína hacia los EE.UU., incluye rutas y espacios marítimos y aéreos combinados de la Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Panamá Y Venezuela.
Como se explicó en apartados anteriores, casi todas las múltiples rutas utilizadas por los narcotraficantes y que pasan por las principales ciudades y aeropuertos colombianos, transportan la mercadería a otros países, pero siempre teniendo a México como su destino principal, previo al objetivo final, que es introducir los estupefacientes en territorio de los EE.UU.
A pesar del apreciable poder que aún mantienen las principales organizaciones narcoterroristas mexicanas y del remanente de los grandes cárteles y grupos criminales que controlan todavía importantes regiones colombianas, el grueso del transporte y redes de distribución de la droga de este país, ha pasado a manos mexicanas. Este hecho, el factor mexicano, suficientemente explicado en páginas anteriores, no tiene mayores probabilidades de ser revertido en los tiempos por venir.
Chile
El país trasandino está considerado como un país de transito de los embarques de cocaína producida en la región andina destinada a Europa, y solamente pequeñas cantidades a los EE.UU. Su vecindad con Chile, Bolivia y la Argentina, como también sus puertos internacionales, al que arriban no solamente cargueros sino una importante cantidad de buques transatlánticos cargados con miles de turistas, hace que el país sea un blanco importante para el narcotráfico.
Asimismo y tal como la Argentina, es una fuente potencial de precursores químicos para el procesamiento de la cocaína en Perú y Bolivia.
El punto importante a tratar sobre el país trasandino es el que se relaciona a la conexión existente entre bandas locales y las organizaciones narcoterroristas mexicanas. Tal conexión —que tomó desprevenido no sólo al gobierno chileno sino también a organismos internacionales—, era algo en principio previsible, debido a que el consumo doméstico de estimulantes tipo anfetamina y muy especialmente la droga MDMA conocida como “Extasis”, eran una invitación para organizaciones mexicanas que están siempre a la búsqueda de esas substancias.
El gobierno chileno no reconocía oficialmente que las organizaciones narcoterroristas o bandas criminales mexicanas relacionadas con el contrabando de drogas y especialmente la efedrina, estuvieran operando en territorio chileno. Sin embargo, en marzo de 2009 fueron detenidos tres mexicanos en el aeropuerto de Santiago, cuando intentaban sacar del país cien kilos de efedrina.
El responsable de la DEA en Chile, David Horan, había declarado, según “La Tercera”: "El claro mensaje es que los carteles mexicanos de la droga tienen alcance internacional y que sus representantes viajan por el mundo buscando y comprando los precursores químicos para la producción ilegal de metanfetaminas" . Manifestó también Horan que "en los últimos 12meses, autoridades de Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina han realizado investigaciones y confiscaciones relacionadas con los estupefacientes, en las que han estado involucrados miembros de los carteles mexicanos de la droga operando dentro de sus respectivas fronteras". En el mismo artículo, “La Tercera” informaba: “Ayer, la Fiscalía Occidente continuaba realizando diligencias para establecer los vínculos de los tres mexicanos detenidos por enviar la efedrina: Javier Ramírez, Valeria Hernández y Jorge Magallanes. Estos dos últimos, provenientes del estado de Sinaloa, donde opera uno de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo y que justamente elabora metanfetamina en laboratorios clandestinos. Según la DEA, un kilo de esta sustancia cuesta US$ 18 mil en México y US$ 30 mil en Estados Unidos. La Policía de Investigaciones (PDI) ayer estaba tras los pasos de otros dos sujetos vinculados con la banda: otro mexicano y un canadiense. Estas personas también se alojaron en un departamento de calle Merced 717. La dueña de los tres departamentos ocupados por los mexicanos ya fue interrogada. De acuerdo con la indagatoria, estos dos sospechosos habrían participado en el acopio en Santiago de la efedrina, presuntamente proveniente como contrabando desde Argentina, donde hay varias investigaciones por tráfico de este químico. La investigación, a cargo del fiscal Emiliano Arias, también está reconstruyendo las actividades realizadas por Javier Ramírez, el jefe del grupo de mexicanos detenidos en Chile” .
Doblegado ante hechos ya irrefutables, el Ministerio de Salud chileno decidió finalmente restringir la venta de medicamentos que contengan efedrina, pero el gobierno descartó que los carteles mexicanos operen en el país. Sin embargo, aseguró que son una amenaza real, por lo que decidió restringir la venta de medicamentos que contengan efedrina, una sustancia usada en la fabricación de drogas sintéticas, según coincidían los medios de prensa locales.
Luego de tan categórica afirmación y según informa “El Mercurio”, la “Policía de Investigaciones de Chile” (PDI) decomisó a fines del mes de marzo pasado 1.100 Kg. de efedrina. La carga se encontraba en las bodegas de un laboratorio y en la operación fueron detenidas cuatro personas, constituyéndose ese hecho en la mayor incautación de ese compuesto en la historia del país. Reconoce el mismo artículo: “A estas alturas ya no es sorpresa, pero debería serlo: quienes esperaban los insumos eran los violentos carteles de narcotráfico mexicano; desde hace un tiempo, los villanos del continente. Consultados en la Fiscalía Occidente de Santiago, que lleva el caso, dijeron que es muy difícil determinar exactamente qué cartel era el destinatario del cargamento de efedrina” .
El ciudadano argentino Sebastián Forza, relacionado con el negocio de la efedrina, y los narcotraficantes colombianos Duque Ceballos y Quintero Gartner, todos ellos asesinados en la Argentina tiempo después, habían viajado a Chile con poca diferencia de días en el mes de abril de 2007.
Todo lo expuesto es sólo una demostración que debería conmover hasta las autoridades más incrédulas, de que el narcoterrorismo mexicano —es decir tráfico de narcóticos más el uso del terror—, ha llegado para instalarse en todos los países de la región.
Paraguay
Paraguay es el más importante productor de marihuana (THC) en América de Sur, la que es cultivada a lo largo del país y contrabandeada principalmente a países vecinos, aunque no a los EE.UU., según acredita el mismo Departamento de Estado. Esta droga paraguaya contiene además un alto contenido de tetrahidrocannabino l , que la hace particularmente peligrosa. Asimismo, es un país muy importante de tránsito para la cocaína que procede de la región andina, y que se trafica con destino final a los mercados del Cono Sur, Europa y Africa a través de los corredores ya mencionados.
Paraguay constituye conjuntamente con Brasil y la Argentina la neurálgica región de la Triple Frontera. Aunque el país alberga centros urbanos bajo permanente sospecha, como Ciudad del Este, hay otras ciudades más alejadas como Pedro Juan Caballero, a las cuales se han replegado los cabecillas de muchas bandas criminales .
La corrupción es un mal endémico en Paraguay, y mientras esto subsista en los niveles actuales, será una misión casi imposible reducir el grado de amenaza que representan las organizaciones delictivas en el país y la región, contaminada por los vectores que proceden de dicho foco de actividades criminales.
Si bien el gobierno del presidente Fernando Lugo alimenta demasiadas esperanzas al Gobierno de los EE.UU. , no parece haber tenido en cuenta la catadura moral del primer mandatario paraguayo, quien utilizó la dignidad episcopal para preparar el camino de su carrera política.
En cuanto a sus expresadas intenciones de combatir más profundamente a las organizaciones criminales en su país, habrá que esperar sus próximas acciones, para confirmar si estas trascienden de la retórica al terreno de los hechos.
Debe por el momento reconocerse que se han registrado durante 2008 algunos avances por parte de la “Secretaría Nacional Antidrogas” (SENAD) en la lucha contra el narcotráfico, tanto en lo que a la captura de marihuana local como a cocaína en tránsito se refiere.
El gobierno del presidente Lugo también acredita a su favor la captura de una serie de peligrosos narcotraficantes vinculados a organizaciones criminales del Brasil.
Asimismo y en lo que a las actividades del narcoterrorismo mexicano en el país se refiere, cabe agregar que el SENAD logró secuestrar 127, 36 Kg. de efedrina, incluyendo la detención de un ciudadano nacido en México que tenía en su posesión 45 Kg. de esa substancia .
Los hechos mencionados marcan el incremento del tráfico de efedrina a México, donde se la transforma en substancias estimulantes tipo anfetamina, para ser destinadas luego al mercado estadounidense.
Perú
Una de las situaciones que más preocupa actualmente a los especialistas —a partir de los numerosos arrestos y secuestros de drogas ilegales concretados recientemente en Perú—, es la creciente relación entre los “cárteles” mexicanos y organizaciones locales, incluyendo a la narcoterrorista “Sendero Luminoso”. Esto puede acreditarse con la detención de ciudadanos de origen mexicano que supuestamente estarían vinculados a los “cárteles” de su país o de Colombia.
Tal como sucede en otros países, hay en ciudades, puertos y la región andina peruanos un notable crecimiento de los índices de violencia relacionados con el comercio ilegal de narcóticos.
El sicariato mexicano ha dejado también su “tarjeta de visita” en la Justicia de ese país, cuando Hernán Saturno Vergara, vocal de la Primera Sala de Reos en Cárcel —que investigaba algunas actividades vinculadas al narcotráfico desarrolladas por un cártel mexicano—, fue asesinado el 26 de julio 2006 por un pistolero mientras almorzaba sin custodia en un restaurante de Lima.
El Ministerio del Interior de ese país ha confirmado durante los últimos años, tanto en documentos como en declaraciones públicas, la peligrosidad de la organización narcoterrorista “Sendero Luminoso”, alguna de cuyas facciones mantiene estrechas relaciones con las organizaciones criminales mexicanas. En principio, aquellas que tienen sus centros de operaciones en Tijuana y Ciudad Juárez.
Uruguay
Uruguay no es considerado como un país principal de producción o tránsito de narcóticos, pero actualmente se ha convertido —por su estratégica posición geográfica y vecindad con Brasil—, en un blanco importante para aquellas organizaciones criminales, como las mexicanas, que pugnan por extender sus redes en el Cono Sur.
El movimiento de los narcotraficantes en y hacia Uruguay desde Colombia y Bolivia se realiza utilizando diversos medios de transporte, como aviones privados pequeños, aviones comerciales, camiones, embarcaciones y buques contenerizados. Los narcotraficantes aprovechan el espacio aéreo sin control del norte del país, por falta de una adecuada radarización, mientras que el puerto de Montevideo no utiliza adecuadamente el moderno equipamiento de inspección que tiene instalado .
El Departamento de Estado confirma asimismo un incremento en el país de la participación de cárteles e individuos en operaciones relacionadas con el narcotráfico extranjero, y especialmente de Colombia, Bolivia y México .
Uruguay ha sido en el pasado —por su condición de “paraíso fiscal”— un país propicio para el “lavado” de dinero de origen criminal. Lo prueban operaciones como las puestas al descubierto no hace tanto tiempo en Brasil, con activos de narcotraficantes de este país, registrados a nombre de sociedades fundadas ad hoc en Montevideo .
Sin embargo y durante los últimos años, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha hecho ingentes esfuerzos para cumplir con los compromisos internacionales en materia de control de actividades vinculados a prevenir la clarificación de dinero y la financiación del terrorismo.
El Departamento de Estado afirma: “Funcionarios judiciales y de la policía uruguaya calculan que hay una presencia creciente de carteles mexicanos y colombianos en el Cono Sur y temen que ellos comenzarán a operar en serio en Uruguay”.
Los sucesos acaecidos en la Argentina luego del triple crimen de los traficantes de efedrina, junto a otros indicios y tendencias observadas en la región, han llevado también al gobierno uruguayo a incrementar y mejorar el sistema de vigilancias en fronteras y puertos durante 2008.
Venezuela
Durante los últimos años Venezuela continúa sin variar en su condición de país muy importante de tránsito de drogas ilegales, pero desde el colapso de las principales organizaciones narcoterroristas colombianas, los índices de transbordo hacia terceros países se habrían incrementado de manera notable.
La UNODC, basada en secuestros de cocaína realizados oficialmente en Europa, acredita que el origen del 36 por ciento de esa droga provenía de Venezuela en 2006, liderando el primer puesto en el continente. En este año era seguida por Colombia con un 17 por ciento. Asimismo, manifiesta que el mayor porcentaje en 2007 comenzó nuevamente por Venezuela, pero elevándolo al 44 por ciento, seguido en este período por Panamá con un 11 por ciento, mientras que el de Colombia había decrecido al 5 por ciento .
El importante papel de Venezuela es asimismo ratificado por otras fuentes, como el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía”, que en uno de sus informes de 2008 afirma que “la cocaína producida en la región andina se introduce a continuación ilegalmente en Europa a través de países suramericanos (vía Brasil, Ecuador o Venezuela ” .
El añejo enfrentamiento del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías con el de EE.UU. en todos los órdenes, pero especialmente en cuanto a compromisos multi y bilaterales de lucha contra el narcoterrorismo, dificulta conocer en profundidad el grado de incumplimiento real por parte del primer país de los acuerdos internacionales. Venezuela no coopera tampoco lo suficiente, como para que veedores y estudiosos internacionales imparciales puedan acreditar lo contrario, dada su estrecha, declarada y oficial relación con las FARC.
Como consecuencia de los enfrentamientos entre Venezuela y los EE.UU., estos se acusan mutuamente de complicidad con las organizaciones de tráfico de drogas, según el Informe largamente citado del Departamento de Estado. El Gobierno de Venezuela declaró persona no grata al embajador de EE.UU. el 11 de septiembre de 2008; también en ese mes la “Oficina de Control de Bienes Extranjeros” (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. de este último país designó al ex ministro de Justicia e Interior y a otros funcionarios venezolanos como “cabecillas de segundo nivel” (“Tier II Kingpins”) por asistir materialmente las actividades de tráfico de narcóticos de las FARC. Son ellos el ex ministro de Interior y Justicia venezolano Ramón Rodríguez Chacín, Hugo Armando Carvajal Barrios, jefe de la “Dirección General de Inteligencia Militar” (DGIM) y Henry de Jesús Rangel Silva, jefe de la “Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención” (DISIP) .
Con referencia a México, objeto del estudio y como consecuencia de la dinámica actual en la región en materia de manejo del narcotráfico, es posible coincidir con quienes sospechan que las organizaciones de este país operan en Venezuela desde hace bastante tiempo. Cabe destacar que además de los destinos tradicionales, EE.UU. y Europa, estaría creciendo rápidamente el porcentaje de envíos de narcóticos desde Venezuela a países de la región occidental de Africa, puntos finales de transbordo a Europa.
Finalmente, la Argentina, la corrupción y la “conexion” mexicana
Situación del país frente al narcotráfico y delitos relacionados
La Argentina es desde hace mucho tiempo un país de tránsito —predominantemente hacia Europa— para la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia. También y de manera notable para la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU. Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también desde Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana ingresa desde Bolivia aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina, cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.
Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canalizan aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente se encuentran ocultos en contenedores.
La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), protegidas por organizaciones de narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias.
La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a la avanzada industria química de nuestro país.
Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, para convertir en clorhidrato de cocaína la llamada “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.
Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.
La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Extasis” y el devastador “Paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.
Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” de coca en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.
El Informe de la UNODC varias veces citado indica que la cocaína procedente de la Argentina secuestrada en Europa en 2006 era del 3 por ciento, mientras que en 2007 decreció al 2 por ciento. Como en alguno de los casos citados, deberán esperarse los informes correspondientes a 2008, para ratificar o no la tendencia hacia la baja.
El “modelo argentino” de la corrupción y el narcotráfico
Desde las primeras décadas del siglo pasado, la Argentina comenzó a sufrir lenta pero inexorablemente la construcción de un tejido criminoso, que iría contaminando las principales estructuras del poder político del país a lo largo de todo el territorio nacional.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue así testigo de cómo muchos de sus más poderosos intendentes —por lo general caudillos de los principales partidos políticos—, eran los beneficiarios del dividendo de delitos como la trata de blancas y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas. El reparto incluía también, paralelamente— a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de que el tejido criminal no pudiera cuestionarse, ni mucho menos perforarse y puesto en peligro por ninguna mafia interna y/o exterior. Así, participaban de esta gigantesca asociación ilícita miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administració n pública.
Las otras provincias del país, no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo al de la ciudad de Buenos Aires.
La especial situación argentina carecía de las características de organizaciones mafiosas como la italiana, que contaban con una estructura piramidal casi permanente, con un “capo” acompañado o no de un concejo, del código de silencio conocido como “omertá”. La “mafia” argentina —por el contrario—, estaba constituida mayoritariamente por “servidores públicos” de todos los poderes del Estado Nacional y de los provinciales. Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos.
Resulta oportuno remitirse aquí nuevamente al “modelo de Tomas Schelling” sobre el crimen organizado, ya descripto, pero incluyendo el agregado propuesto en este trabajo sobre los otros partícipes necesarios para tal descomunal montaje de la corrupción en los EE.UU.
Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta ahora ni por las más grandes mafias internacionales, como la italiana, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.
El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.
Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que en algunos casos parecen alentar —desde la corrupción imperante de la cual forman parte—, que la Argentina pueda replicar modelos como aquellos en que la violencia entre narcotraficantes está a la orden del día.
La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc.
El negocio de la substancia en el cual hay necesariamente organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del iceberg” en el marco del comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; defraudación y estafas a obras sociales, y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.
Pero en definitiva, los jueces intervinientes en las causas que se tramitan en la Justicia argentina deberán dilucidar en las instancias actuales y las superiores que correspondan, cuáles fueron las leyes que fueron violadas y cuáles no en el caso de la efedrina y el resto de los delitos asociados que se generan en el campo de la salud pública. Estén dichas investigaciones conectadas o no con algunos de los asesinatos perpetrados en 2008, supuestamente vinculados al tráfico de efedrina. Siempre y cuando no haya que enfrentarse a alguno de los enormes fiascos a los que nos tienen acostumbrados algunos jueces en la Argentina, como el mamarracho investigativo y jurídico que ha impedido poner al descubierto la trama doméstica vinculada al Caso AMIA, para citar uno de los más graves ejemplos.
Al cuadro previamente expuesto, cabe sumar un análisis de los hechos más relevantes de los casos vinculados al tráfico de efedrina, incluyendo los asesinatos que se suponen —aunque no probadamente todavía—, estaban estrechamente relacionados a esta actividad delictiva.
La efedrina y otras substancias estimulantes tipo anfetaminas
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina pasó a convertirse en un importante centro para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercializació n de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. No era ilegal siempre y cuando las operaciones comerciales no estuvieran deliberadamente conectadas, tal cual fue descubierto, con un sistema específicamente montado para usar dicha efedrina como un precursor químico utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético.
En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, México por ejemplo, en los cuales su venta está estrictamente vedada.
Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos de producción tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores para procesar drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las sintéticas que se encuentran bajo investigación desde algún tiempo.
El “triple crimen” y los asesinatos de narcotraficantes colombianos
El caso argentino no se habría diferenciado en demasía al ya descripto de Chile, pero ya no se trata de un probable caso de operaciones reiteradas de contrabando de narcóticos, como muchos de los mencionados en el presente trabajo. La diferencia es que el escándalo de la efedrina escándalo estalló en la Argentina por los asesinatos de los comerciantes Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente vinculados al tráfico de esta substancia. Pero también —según informan las mismas fuentes judiciales y algunos medios de comunicación que se remiten a ellas—, a una red de comercializació n ilegal de drogas genuinas y falsificadas de alto valor.
Además, las investigaciones judiciales realizadas hasta este momento, tanto sobre el caso de la efedrina, como del triple crimen de los tres ciudadanos argentinos mencionados, parecen sembradas de pistas falsas y operaciones de distracción de todo tipo, que incluyen testigos e informantes encubiertos, como también supuestos “agentes dobles” de organismos antinarcóticos, que nadie acredita públicamente a quiénes verdaderamente responden.
Para agravar aún más el caso, se agregó el desconcierto de algunas autoridades nacionales y provinciales, pero sobre todo su grave falta de conocimiento del fenómeno narcoterrorista mexicano. Esto quedó plasmado en la temprana y prematura acusación sobre la pertenencia de algunos detenidos mexicanos a tal o cuál “cártel” de la droga, que en la realidad ni siquiera existía. Tampoco estaban siquiera acreditados —en ese específico momento—, ni la identidad ni la
nacionalidad de los detenidos, ya que ni siquiera el gobierno mexicano podía confirmarlo .
Un desconcierto similar había ocurrido en julio de 2008, cuando fueron asesinados dos ciudadanos de origen colombiano en el paseo de compras “Unicenter”, provincia de Buenos Aires. El más importante de ambos era Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, uno
de los tres principales lugartenientes de la “Organización Jiménez Naranjo” —cuya estructura organizacional se encuentra disponible en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de los EE.UU.. La organización estaba liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, extraditado desde Colombia a EE.UU. el 7 de mayo de 2008. El otro muerto es Jorge Quintero Gartner, quien sobrevivió al ataque. El jefe de la banda narcoterrorista que lleva su apellido, tenía una estrecha relación con la organización paramilitar narcoterrorista colombiana AUC; asimismo, con el denominado “Cártel del Norte del Valle” que se encuentra actualmente bajo permanente acoso por parte del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y como consecuencia de eso con su estructura organizacional y capacidad operacional sumamente debilitadas.
Más allá de que los asesinatos en el paseo de compras “Unicenter” hayan sido o no una venganza del citado Jiménez Naranjo, o de bajas dentro de una lucha territorial entre bandas, lo cierto es que hasta el día de la fecha permanecen impunes. Nadie sabe quién o quiénes ordenaron esos crímenes, ni mucho menos quiénes los ejecutaron.
Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen en la Argentina relacionado con el tráfico de efedrina, registra un ingreso a Chile a principios de abril de 2007. Curiosamente, el 20 de ese mismo mes de abril, también viajaron por unas horas a Chile las dos víctimas colombianas del paseo de compras “Unicenter” de la provincia de Buenos Aires, Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto” y Jorge Quintero Gartner, que estaban acompañados el momento del ataque por el socio de ambos, de nombre Julián Jiménez Jaramillo, quien pudo sobrevivir al ataque. Aún no se ha podido comprobar fehacientemente si existía alguna conexión entre el primero y los dos últimos sujetos mencionados.
El escándalo surgido como consecuencia de los asesinatos del centro de compras y posteriormente de los tres ciudadanos argentinos, ha permitido llevar al primer plano de las noticias el hecho histórico —aunque no tan conocido—, de que la Argentina era uno de los principales fuentes de importación de aquellos precursores químicos que son imprescindibles, por ejemplo, para fabricar clorhidrato de cocaína, de heroína y de todo tipo de estimulantes en los laboratorios del narcotráfico de América Latina.
¿Por qué la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes asociadas y/o pertenecientes a cárteles de la droga basados en países como Colombia y México, que ha culminado con asesinatos cometidos por sicarios argentinos o del exterior? Aunque sus móviles, autores ideológicos y ejecutores permanecen todavía bajo investigación, lo más importante a señalar
—nuevamente— es que la Argentina ha incrementado su lamentable condición de territorio donde todos y cada uno de los negocios vinculados al narcotráfico, parecen desarrollarse casi sin control por parte de las autoridades gubernamentales y gracias a los vacíos y la laxitud existente dentro del plexo legal anticriminal.
La circulación de algunos de los sospechosos por ciudades vinculadas a la llamada Triple Frontera , como en el caso del detenido Jesús Martínez Espinoza —sin que este comentario implique presunción alguna sobre su inocencia o culpabilidad en los delitos que se le imputan en los tribunales argentinos—, actualiza una vez más la atención sobre esa neurálgica región. Esta encierra todo tipo de actividades ilegales y una impresionante cantidad de organizaciones domésticas y extranjeras vinculadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado .
En lo que concierne a la Argentina y si bien no hay actividad enraizada del narcotráfico mexicano en el país por el momento, la captura de sospechosos de ese origen y la serie de causas judiciales que están afrontando, constituye un serio indicador de una actividad que debe ser erradicada de cuajo.
Como consecuencia de los cruentos acontecimientos conocidos y las posteriores capturas de individuos y secuestros de mercaderías, parecen haber sido momentáneamente neutralizadas algunas de las operaciones mexicanas en curso en la Argentina hasta hace pocos meses atrás.
Las principales investigaciones sobre algunos de los narcotraficantes mexicanos relacionados con el caso de la efedrina, acreditarían en principio su pertenencia a células de la organización narcoterrorista con centro en el Estado de Sinaloa, liderada por Guzmán Loera, ya citado. Asimismo, que han logrado iniciar acciones coordinadas y/o conjuntas en países vecinos y/o de la región, sobre lo cual no había demasiados registros hasta hace poco tiempo.
Algunos especialistas han comenzado incluso a sospechar que los cárteles mexicanos, como tantas otras organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera y otras regiones vinculadas a la seguridad interior de la Argentina, puedan tener ya contactos estrechos con organizaciones terroristas de todo signo, de acuerdo a modelos de convergencia entre ellos, debidamente probados en casos similares por la realidad en el terreno.
El modelo de convergencia anteriormente mencionado entre facciones del movimiento narcoterrorista peruano “Sendero Luminoso” y sus asociados mexicanos, es un indicador claro de que este puede replicarse en países como Bolivia y los de la Triple Frontera. Asimismo, en conexión con actores extracontinentales con alcance global, los cuales constituyen un peligro para la seguridad internacional en cualquier región del mundo.
Conclusiones y recomendaciones
En el marco de una serie de amenazas multifacéticas y multidimencionales a escala global que se ciernen contra el continente americano, del cual forma parte la Argentina, surge cada vez con mayor intensidad en México un nuevo centro de gravedad del narcotráfico, al que se agrega el uso del terrorismo como metodología casi única y predilecta de sus principales organizaciones.
El narcoterrorismo mexicano, cuyos hilos conectan actualmente con organizaciones y grupos que operan en todo el continente y otras latitudes, vinculados al terrorismo global y regional y al crimen organizado transnacional, incluyendo a las maras y otras pandillas extremadamente peligrosas.
Muy recientemente, el Gobierno de los EE.UU., a través de su Secretario de Estado Hillary Clinton, ha asumido de manera pública la responsabilidad compartida de su país en el drama mexicano. No sólo como principal consumidor mundial de narcóticos ilegales, como la cocaína, la heroína y de substancias estimulantes tipo anfetamina, sino asimismo como el principal proveedor al narcoterrorismo mexicano de todo tipo de armas y equipamiento militar y de comunicaciones de última generación.
Tal “corresponsabilidad” pública de los EE.UU. no podría haber llegado a concretarse en una magnitud de características como las oficialmente reconocidas, si no contara con el respaldo de una inmensa como inescrutable red de corrupción, que amplía hasta límites desconocidos la magnitud observada en el pasado con mafias estadounidenses como la “Cosa Nostra”, parte del ya descripto “Modelo de Thomas Schelling”.
No se trata ya solamente de un peligro en el llamado “patio trasero” de los EE.UU., sino que ya se han diluido las fronteras existentes y organizaciones narcoterroristas mexicanas mayores, como las de Sinaloa, del Golfo y “Los Zetas”, han logrado adueñarse del negocio de la venta al por mayor y la distribución de drogas en cerca de 250 ciudades de la principal superpotencia del mundo.
El sideral volumen de dinero ilegal generado por el tráfico de drogas, de armas, de personas y de otros delitos altamente complejos asociados o no con estas actividades criminales, constituye asimismo una herramienta para corromper a los estados y debilitar a sus sociedades. La situación se agrava gracias a la carencia de una respuesta global e internacional adecuada y debidamente coordinada, que cuente además con un plexo legal —tanto mundial como propio de cada país en particular—, que permita perseguir, encausar y castigar debidamente a las organizaciones delictivas y a sus integrantes.
A la carencia de un basamento legal unificado se suma la irrupción de doctrinas penales abolicionistas, como las que parecen imponerse en numerosos países, incluyendo la Argentina, en que los ciudadanos están prisioneros dentro de sus casas enrejadas cuál cárceles, mientras la delincuencia se adueña lenta pero inexorablemente de las calles.
Tal cual ha sido descripto a lo largo del presente trabajo, el narcoterrorismo mexicano ha extendido sus operaciones desde Alaska hasta la Argentina profunda, ocupando espacios en los países mencionados como si fueran casilleros de un tablero de ajedrez. Las organizaciones delictivas mexicanas desarrollan sus actividades asociadas con otras similares como las FARC de Colombia y “Sendero Luminoso” de Perú, enlazando con otras organizaciones criminales de alta peligrosidad.
El capítulo argentino en lo que al narcoterrorismo mexicano se refiere, adquiere un perfil particular, ya que está caracterizado por la existencia de un “modelo” autóctono, de un tramado mafioso autóctono, descripto al menos en términos generales.
En su actual configuración y mientras impere la narcocriminalidad respaldada por redes siempre impenetrables de corrupción en todos los poderes y niveles del Estado —incluyendo a los siempre “beneficiados” de los gobiernos de turno—, la gran mafia criolla argentina difícilmente habrá de permitir que organizaciones criminales extranjeras operen en el país fuera del marco permitido por un sistema particular de franquicias.
Un grupo de sacerdotes del clero de la Iglesia Católica de Buenos Aires, que realizan su apostolado en “barrios de emergencia” , acaba de denunciar públicamente hace poco tiempo que estos son “zonas liberadas” para el narcotráfico, como asimismo el grave daño que se causa a los jóvenes más desprotegidos. Estos son los principales consumidores del llamado “Paco”, droga que se obtiene del residuo que queda cuando la pasta base es purificada para ser convertida en clorhidrato de cocaína, mediante procesos químicos que utilizan substancias altamente tóxicas para el cerebro.
La denuncia de dichos sacerdotes, especialmente en lo que a “zonas liberadas” se refiere, es aplicable a toda la ciudad de Buenos Aires, a las de las provincias del mismo nombre y a restantes del país.
Si bien se realizan periódicamente en el país procedimientos exitosos, que culminan con secuestros de grandes cantidades de narcóticos y la detención de criminales vinculados a esta actividad, se trata por lo general —la excepción confirma la regla— de cargamentos destinados a mercados del exterior.
No hay mayores registros de allanamiento y secuestros de drogas que se expenden fácilmente y hasta se consumen en todo tipo de lugares públicos, gracias sin duda a la protección que reciben a lo largo y a lo ancho de la inmensa red de protección que cobija a la narcocriminalidad.
El Gobierno Argentino, que mantiene en su seno posiciones contradictorias —como en el caso del contencioso histórico entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Nación y el SEDRONAR—, debería tener asimismo muy presente las exigencias y recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales.
Las autoridades de nuestro país deberían recoger el interés del Consejo de Seguridad de la ONU, en alentar a los Estados Miembros a efectos de que estos aumenten su cooperación para reforzar la fiscalización de estupefacientes y poner así freno a la circulación de las drogas, incluso cooperando en la gestión de las fronteras, destacándose la necesidad de adoptar medidas perentorias —con el apoyo de los agentes internacionales pertinentes—, para luchar contra la clarificación de las ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sus precursores.
Sería realmente también de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar no sólo el contrabando de narcóticos, estimulantes y precursores hacia el exterior, sino también el consumo de drogas en la Argentina, a menos que se quiera convertir al país en una réplica de otros en que la narcoviolencia parece imperar sobre las fuerzas del orden.
Lamentablemente y a la luz de lo que puede observarse cotidianamente, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico cuenta con baja probabilidad de ocurrencia; por la carencia de una estrategia nacional y de un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico, y también porque en este país se amplifica gracias a que los grandes “padrinos” de este tenebroso negocio están históricamente enquistados y/o amparados en y por los más altos niveles del Estado.
Narcotráfico: el impacto mexicano en América Latina
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