La Gendarmería Nacional secuestró ayer más de 4 mil kilos de marihuana en Misiones.

Por Cristian Alarcon
Para Diario Crìtica

Hace casi tres meses que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, tiene en su poder el proyecto de nueva ley de drogas propuesto por el Comité Científico que “desincrimina” la tenencia para consumo. Pero el Gobierno no se anima a impulsar los cambios antes de las elecciones. Tres fuentes del Comité se lo confirmaron a Crítica de la Argentina y dieron por primera vez detalles que el Ejecutivo prefiere todavía no contar. Tal como se viene anunciando hace ya más de un año el Gobierno pretende despenalizar la tenencia para consumo, pero además propone un cambio radical en el enfoque del combate el narcotráfico: mientras el anteproyecto baja las penas para los pequeños dealers y las mulas, las sube hasta 20 años para las bandas de narcotraficantes. Además el Comité también diseñó una 1. nueva ley de internaciones para regular las comunidades terapéuticas y granjas; una para 2. el control de los precursores químicos y otra ypara el 3.lavado de dinero la corrupción administrativa. El combo armado por los expertos es inédito y aseguran que no se basa en el modelo holandés, sino en el que funciona en países como Chile y Uruguay.

Cuando el Comité comenzó su trabajo, hace ya casi dos años, los juristas y académicos que lo integran pensaban que el progreso de la ley sería más rápido. Luego, cuando el ministro Fernández anunció en marzo de 2008, ante la Convención de Viena, de Naciones Unidas, la nueva política oficial ante el tema, creyeron que lo que escribieran sería tomado de inmediato por el Ejecutivo para impulsar las reformas. Por eso algunos no ven con paciencia la cautela oficial en tiempo de elecciones y temen que así como el Gobierno sigue manteniendo a cargo al cuestionado titular de la Sedronar, José Ramón Granero –totalmente en contra de despenalizar– cajonee el proyecto que han elaborado.

Por las dudas los juristas han intentado disminuir las “presiones de lo más conservador de la Iglesia católica y las clínicas que temen perder los negociados con las internaciones de adictos”. Para eso, por ejemplo, invitaron a una reunión a los curas villeros que hace más de un mes publicaron una carta denunciando el dramático consumo de paco entre los adolescentes más pobres. “Creemos que entendieron que lo que queremos es proteger al joven consumidor y perseguir a los grandes narcos”, dijo uno de los religiosos. Al evaluar la oposición a los cambios en la ley otro de los expertos dijo que “se teme que con estos anteproyectos pase como ocurrió con el de reforma al Código Penal y el de Procedimiento Penal a nivel federal, que fueron cajoneados cuando se consideró que podían ser demasiado polémicos”.

Tenencias. En el proyecto los juristas no hablan de despenalizació n del consumo, sino de “desincriminació n”, porque despenalizar iría contra los tratados internacionales en la materia. “O sea que la acción (de tener drogas para el consumo) sigue siendo antijurídica, contraria al orden normativo, pero no tiene pena de prisión”, explicaron. Para ello en uno de los más de 40 artículos del proyecto se fijan tres “órdenes en la tenencia de estupefacientes”. La no punible, que es para el consumo personal. Luego, “la tenencia neutra”, cuando no se puede probar si es para eso o para revender la droga o un “acto preparatorio del tráfico”, que tendría una pena de uno a tres años, o sea es excarcelable. Y la tenencia con “destino de tráfico” con penas de tres a diez años de cárcel, que sería además la misma que para el transporte, almacenamiento y comercio. La pena prevista en este caso es menor a la que hoy impone la Ley 23.737, de cuatro a quince años de prisión. La nueva norma es más benévola con los eslabones más débiles de la cadena del tráfico.

El Comité también propuso mayor rigor para los capos narcos, aquellos que forman parte de organizaciones “dedicadas al tráfico industrial o mayorista”. Y al mismo tiempo establece diferencias entre las penas que se les darían a los que contrabandean drogas duras y drogas blandas; o sea marihuana y sus derivados, y por el otro cocaína, el LSD y la metanfetamina junto a una larga lista. “La diferencia fundamental es entre los que producen una dependencia rígida grave con serias secuelas para la salud y las restantes, que no producen esa dependencia como son las derivadas de cannabis”, explicó un jurista. Eso se traduce en distintas penas a la hora de castigar a las organizaciones “con estructuras piramidales que funcionan como empresas”: las que trafiquen marihuana pagarían con entre 6 y 15 años de encierro; las que muevan otras sustancias duras entre 8 y 20 años. Esto eleva las penas de la Ley 23.737, cuyo máximo es de 15 años, y las acerca a la de homicidio simple, que es de entre 8 y 25 años.

Mulas y adictos. En el proyecto de reforma existe un artículo que contempla de manera especial la situación de las mulas del narcotráfico. Los expertos evaluaron la situación de cientos de mujeres usadas por las redes para transportar cocaína en el estómago por las fronteras, en general madres de varios niños y en situación de indigencia. Por ello, “cuando se trata de una actividad independiente o subordinada, o meramente manual” el juez podrá disminuir la pena de “transporte” de estupefacientes “de acuerdo con las reglas de la tentativa”: esto implica que puede disminuirla al tercio del máximo, o a la mitad del mínimo previsto, que sería 3 y 10 años. Es decir, el juez podría darle la libertad bajo excarcelación.

Los miembros del Comité que aceptaron hablar en off the record con este diario –se negó entre otros la coordinadora del grupo y mano derecha de Fernández, Mónica Cuñarro– insistieron en que la reforma no se basa en el modelo de Holanda donde fumar y vender marihuana es legal en determinados bares. Si no en lo que plantea la legislación chilena, uruguaya y la que se está debatiendo en el congreso mexicano. Y plantearon la importancia de que el 60 por ciento de la normativa que proponen no es de orden penal, sino que apunta al sistema de salud y prevención. Para ello redactaron una nueva ley de internaciones –la actual se originó durante la última dictadura–, que pondría coto al “descontrol de las clínicas y comunidades terapéuticas que hoy cobran becas de la Sedronar para prestar servicios de prevención y tratamiento”. Y la frutilla de la torta, y a la que menos fe le tienen los expertos a la hora de negociarla con los legisladores: una ley de lavado y control de la corrupción asociada al narcotráfico que fijaría una pena de 8 a 20 años de cárcel cuando el que ensucia las manos en el negocio más rentable del planeta sea funcionario judicial, oficial o de una fuerza de seguridad.

Curas villeros: “Estamos de acuerdo con el espíritu de la iniciativa”

“Estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley oficial que propone no perseguir a los chicos que consumen y penalizar más duramente a las bandas de narcotraficantes, pero seguimos sosteniendo que la droga en las villas está despenalizada de hecho y que eso no se resuelve solamente con una nueva legislación, sino con políticas sociales más activas”, aseguró el cura Gustavo Carrara, párroco de la villa 1.11.14, ubicada en el Bajo Flores e integrante del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la ciudad de Buenos Aires.

El religioso –uno de los firmantes de un crítico informe sobre el consumo de drogas en los asentamientos porteños– aseguró que “el comité asesor del Ministerio de Justicia nos convocó para intercambiar ideas sobre la iniciativa que ellos impulsan, y nosotros nos explayamos sobre los alcances del trabajo que realizamos durante cuatro meses relevando la situación de indefensión en la que se encuentran los adictos. Fue un intercambio de ideas, sin ningún tipo de confrontación”.

Según manifestó el religioso, “esta situación se agrava por la dramática situación social que acucia a la población de estas barriadas y particularmente a los más jóvenes que son víctimas de los traficantes”. “Nosotros respetamos el trabajo del Comité Asesor, pero consideramos que nuestra labor está en el llano, con los chicos; no estamos pendientes de la aprobación de ninguna ley, simplemente opinamos porque nos consultaron y volveremos a opinar cuando nos vuelva a convocar”, completó el religioso.

Carrara afirmó además que “la despenalizació n por sí sola no resuelve la problemática, hay que acompañarla de políticas sociales que ayuden a los pibes a vislumbrar un futuro mejor, y de un accionar más activo de las fuerzas de seguridad en la batalla contra las bandas que venden la droga”.